Tras la publicación por HRW de su informe anual 2021, las autoridades públicas "rechazan categóricamente" el capítulo dedicado a Marruecos, dado que esta organización persiste en su enfoque inapropiado para la evaluación de la situación de los derechos humanos en Marruecos, despreciando, con premeditación, los prerrequisitos metodológicos y las normas vigentes en el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, especialmente la imparcialidad y la objetividad.
Las autoridades públicas, que deploran la instrumentalización, una vez más, por parte de HRW del discurso de los derechos humanos para transmitir alegaciones y mentiras que encarnan posiciones políticas en relación con el Sáhara marroquí, que sin embargo se contradicen con la realidad sobre el terreno y la evolución de la situación en la escena internacional, en particular las recientes resoluciones del Consejo de Seguridad, reafirman su fuerte compromiso con el proceso de las Naciones Unidas y su apoyo a los esfuerzos de la ONU por alcanzar una solución política realista y pragmática basada en el compromiso, en pleno respeto de la unidad y de la soberanía del Reino de Marruecos, indica un comunicado de la Delegación Interministerial para los Derechos Humanos (DIDH).
Por otra parte, el comunicado prosigue que, las autoridades públicas, que deploran de que las conclusiones contenidas en el informe se basen en juicios de valor no fundados en hechos sino en ideas preconcebidas de la organización sobre Marruecos, se sorprenden por la evaluación arbitraria que HRW trató de transmitir con respecto al sistema de justicia penal y la libertad de reunión, mediante alegaciones infundadas y establecidas sobre antiguos casos específicos, teniendo en cuenta que el período abarcado por el informe es excepcional, habiendo obligado a todos los países del mundo, incluido Marruecos, a tomar las medidas de precaución y de prevención necesarias para hacer frente a la pandemia y proteger los derechos y libertades fundamentales y no para restringirlos, como afirma la organización.
En el mismo contexto, y contrariamente a las alegaciones de esta organización, las autoridades públicas reafirman su compromiso de garantizar el ejercicio de la acción asociativa y de las libertades de reunión y de creación de asociaciones en todo el territorio nacional, sin restricción ni discriminación alguna, de conformidad con las disposiciones de la Constitución y de la ley, agrega la misma fuente.
Las autoridades públicas afirman también su rechazo categórico de las supuestas restricciones de las libertades de expresión alegadas por la organización, dado que las personas objeto de estas alegaciones fueron procesadas por actos que se inscriben en el marco de casos de derecho común y que los expedientes de su mayoría se encuentran todavía ante los tribunales, por lo que cualquier conclusión o interpretación hecha por cualquier parte a este respecto constituye una injerencia en los asuntos de una autoridad independiente.
Las autoridades públicas consideran además que el enfoque conspirativo adoptado por HRW, que siempre han refutado, ha dado lugar a que la organización presente hechos irreales y una imagen falsa de la realidad y los logros de los derechos humanos en todo el Reino, señalando que habría sido más bien juicioso para esta organización denunciar las flagrantes violaciones de los derechos humanos contra los secuestrados en los campamentos de Tinduf, que soportan diariamente la humillación, la privación de los derechos fundamentales y la violación de las libertades.
Reiterando su rechazo de este enfoque con el que HRW continúa evaluando la situación de los derechos humanos en Marruecos, las autoridades públicas llaman la atención de la organización sobre el hecho de que la politización de los derechos humanos es una opción inútil, que va en contra de la naturaleza de las misiones de las ONG que se supone contribuyen de forma constructiva a los esfuerzos de los Estados para promover y proteger los derechos humanos, concluye el comunicado.