En un comunicado, las autoridades públicas afirman que el poder judicial es independiente en virtud de la Constitución y que la aplicación de las garantías de la independencia de los magistrados es prerrogativa del Consejo Supremo del Poder Judicial, una institución constitucional especial, independiente de los poderes ejecutivo y legislativo.

Esa institución emitió un comunicado el 15 de septiembre de 2020 en el que defendía la independencia e inviolabilidad del poder judicial, en respuesta a ciertas ONG internacionales que, en lugar de contribuir a la consolidación de esa independencia, llaman a ejercer presiones para socavarla, recuerda la misma fuente.

La justicia marroquí, insisten las autoridades públicas, es el único responsable del caso de la persona en cuestión, que está siendo procesada por su presunta implicación en la comisión de actos incriminados por el Código Penal de Marruecos.

Este enjuiciamiento no está vinculado en modo alguno al ejercicio por el interesado de su función de periodista, ya sea en lo que respecta a sus artículos o a sus investigaciones, que sólo el Código de Prensa y Edición marroquí está facultado para regir, a sabiendas de que ser periodista no exime al acusado de ser enjuiciado si resulta que los actos que se le atribuyen constituyen elementos jurídicos materiales y morales de un delito que entra en el marco del derecho público, explica el comunicado.

Las autoridades públicas rechazan categóricamente los intentos de HRW de desempeñar papeles que no tienen nada que ver con la defensa de los derechos humanos, como se repitió en su última publicación, en la que intentó sembrar la duda en los juicios, explotar, de mala fe, la confidencialidad de las investigaciones judiciales e influir en el curso normal de un caso judicial cuya investigación se encuentra en sus primeras etapas.

La Organización, prosigue el comunicado, trató de presentar una imagen contraria a los hechos e interpretó erróneamente textos y procedimientos jurídicos y judiciales sin aportar pruebas jurídicas o materiales tangibles de la falsedad de los actos criminales objeto del caso mencionado, acción que únicamente el poder judicial está facultado para adoptar en todos los sistemas jurídicos.

“Las falsas conclusiones y los prejuicios" que figuran en la publicación, sólo pueden reflejar bases metodológicas desprovistas de objetividad y mancilladas de selectividad, enfoque que es propio de la organización en su tratamiento de la situación de los derechos humanos en Marruecos, prosiguió el comunicado.

A las autoridades les sorprende, subraya la misma fuente, que HRW haya negado a una parte de los medios de comunicación nacionales el derecho a la libertad de expresión y de opinión por el mero hecho de haber publicado artículos que no están necesariamente en armonía con las conclusiones de la organización y las orientaciones de sus partidarios.

Además, la organización adoptó versiones que apoyaban a una sola parte, como en el caso de la presunta violación y atentado al pudor, ya que la organización violó el derecho de la persona afectada a la protección judicial. Peor aún, concluye el comunicado, negó deliberadamente la calidad profesional de la persona en cuestión, hecho que también fue señalado por el Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí en su comunicado del 24 de septiembre de 2020.