Estos casos, algunos de los cuales están bajo investigación penal, mientras que otros se encuentran ante los tribunales, se dividen entre 2019, con 229 casos, y 2020, durante el cual se han registrado 161 casos, precisó Ben Abdelkader, en un encuentro de comunicación organizado por el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de Mequínez sobre el tema "el papel del abogado en el sistema de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo".

Observó que las "evaluaciones" realizadas por los órganos internacionales competentes, en particular en 2007 y durante el período comprendido entre septiembre de 2017 y 2019, mostraron que el sistema nacional ha experimentado "evolución notoria", a pesar de ciertas observaciones relativas al sector no financiero.

El responsable señaló que las profesiones jurídicas y judiciales, especialmente los abogados, los notarios y los Adúls, se encuentran entre las entidades no financieras sobre las que el Grupo de Trabajo Financiero Internacional formuló una observación relativa a su "escasa participación" en el sistema de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Ben Abdelkader recordó que su departamento ha "establecido un plan de calificación para las profesiones jurídicas y judiciales a fin de evitar ciertas observaciones negativas", expresando la disposición del ministerio, en consulta con la Unidad de Tratamiento de la Información Financiera (UTRF), a apoyar a los órganos de los abogados para proporcionarles la asistencia técnica necesaria para una mejor aplicación de los compromisos en este ámbito.

Mequínez es la tercera etapa de una serie de encuentros de comunicación sobre este tema, después de la primera celebrada con el Colegio de Abogados de Rabat y la segunda con el Colegio de Abogados de Safi.

Paralelamente a este encuentro, se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de Mequínez sobre la formación de instructores.