Así, el Consejo de Gobierno, reunido bajo la presidencia del jefe de Gobierno, Saad Dine El Otmani, aprobó el proyecto de decreto Nº 2.20.526 por el que se prorroga el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.
Este proyecto de decreto, presentado ante el Consejo de Gobierno por el ministro del Interior, se inscribe en el marco de la aplicación de las disposiciones del artículo 02 del decreto ley nº 2.20. 292 que permite a las autoridades gubernamentales encargadas del Interior y de Sanidad prolongar por decreto el período de vigencia del estado de emergencia sanitaria, indicó el ministro de Educación Nacional, Formación Profesional, Enseñanza Superior e Investigación Científica, portavoz del Gobierno, Saaid Amzazi, en un comunicado leído en una rueda de prensa, celebrada al término del Consejo.
Dicho proyecto se inscribe también en el marco de los esfuerzos de los poderes públicos para garantizar la eficacia y la eficiencia de las medidas adoptadas para luchar contra la propagación de la pandemia Covid-19, precisó Amzazi, añadiendo que este texto jurídico tiene por objeto ampliar el período de validez del estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional desde el lunes 10 de agosto a las 18H hasta el 10 de septiembre de 2020 a las 18H".
Al igual que en las etapas anteriores, prosiguió el ministro, "todas las medidas preventivas y represivas adoptadas en el marco del estado de emergencia sanitaria seguirán en vigor y se adaptarán cuando las circunstancias lo requieran".
El proyecto de decreto también otorga a los walis y gobernadores, a la luz de los datos disponibles sobre la situación de la epidemia a nivel de una provincia, una prefectura, un municipio o más, el derecho a tomar todas las medidas de procedimiento necesarias para preservar el orden de la salud pública, ya sea de carácter predictivo, preventivo o de protección; para imponer una orden facultativa u obligatoria de confinamiento sanitario o restricciones temporales que alienten a las personas a permanecer en sus hogares; limitar sus movimientos, prohibir su concentración o cerrar los locales abiertos al público o decidir cualquier otra medida que sea competencia de la policía administrativa, explicó.