Esta organización ha enviado cartas de respuesta a destinatarios que nunca se han puesto en contacto con ella, evitando cuidadosamente responder al solicitante principal, que es el Jefe de Gobierno del Reino de Marruecos. Una persona cuya dirección es, sin embargo, conocida por todos.

La exigencia del Jefe de Gobierno era sin embargo muy simple: pedir las pruebas de las alegaciones formuladas en un informe de Amnistía Internacional contra Marruecos en un supuesto caso de espionaje, que, para más inri,  se refería a un periodista marroquí.

La firmeza de las autoridades marroquíes ante las maniobras dilatorias de Amnistía Internacional no ha sorprendido a nadie. Marruecos está en su derecho de exigir una respuesta adecuada. Esta firmeza ha sido puesta de relieve por la prensa marroquí, de todas las tendencias.

Los medios de comunicación marroquíes han adoptado una postura firme contra las acciones de Amnistía Internacional y han denunciado la dilación de esta ONG de objetivos oscuros en este caso en concreto. A estas alturas, ningún periodista, analista u observador puede explicar las razones detrás de la negativa de Amnistía a responder al Jefe de Gobierno. Esta negativa es aún más sorprendente dado que Amnistía nos tiene acostumbrados a reacciones a lo Lucky Luke. Dispara más rápido que su sombra.

Las razones de este estado de asombro en los medios de comunicación marroquíes son obvias.

Marruecos es un Estado de Derecho, responsable y soberano, que no espía a sus ciudadanos. Los textos que regulan esta actividad, que se enmarca en las prerrogativas de un Estado, son claros al respecto. La legislación marroquí estipula que todo ciudadano en conflicto con la ley depende de la justicia y no del espionaje de capa caída.

Del mismo modo, la mala fe en la enrevesada artimaña de AI es evidente. Y si no, ¿por qué evita responder al Jefe de Gobierno? ¿Por qué sus dirigentes ordenan, desde sus oficinas de Londres donde han recibido efectivamente la solicitud del Jefe del Ejecutivo, a subalternos instalados en Túnez que respondan al Jefe de Gobierno de un país soberano, en lugar de hacerlo ellos mismos, si de verdad tienen pruebas en su poder?

Para Marruecos, las respuestas a estas preguntas son obvias. Amnistía Internacional no tiene ni la más mínima evidencia que apoye sus alegaciones y su maniobra no tiene nada que ver con la protección de los derechos humanos.

Amnistía ha disfrutado durante mucho tiempo de la hospitalidad marroquí. Siempre ha actuado a su manera gracias a la benevolencia de un Estado soberano y responsable. Sin olvidar que las puertas de las instituciones marroquíes de derechos humanos siempre han estado abiertas para esta organización.

A pesar de esta hospitalidad y benevolencia, los métodos utilizados por Amnistía en este caso son opacos y están lejos de ayudar a arrojar luz sobre este embrollo, que ha sido mediatizado con el fin de ocultar una realidad que no queda bien para Amnistía.

El periodista marroquí implicado en estas acusaciones parece haber sido instrumentalizado en este caso. Probablemente no conoce los detalles del caso. Una vez más, hay que hacer preguntas legítimas y sólo Amnistía puede dar las respuestas. ¿Cómo es que el teléfono de un periodista marroquí que vive en Casablanca ha terminado en las oficinas de Amnistía? ¿Tiene esta ONG los conocimientos técnicos para analizar un teléfono y detectar programas espía? Amnistía afirma que el software en cuestión pertenece a una empresa israelí. Asociar las palabras "espionaje" e "Israel" en un contexto árabe, como es el caso de Marruecos, forma parte de una estrategia de sembrar las dudas en las mentes que Amnistía ha llevado a cabo deliberadamente.

Marruecos ha anunciado alto y claro que sigue esperando la respuesta de Amnistía para que presente las pruebas de sus acusaciones contra el Reino.

También exige que esta respuesta sea proporcionada por las instancias fuente de la acusación en el seno de Amnistía. El mundo entero ha escuchado estos llamamientos reiterados de Marruecos.

Amnistía sigue haciendo oídos sordos. Debe tener, sin duda, una razón para hacerlo, y esa razón no puede ser sino la falta de pruebas de sus alegaciones infundadas.