En un comunicado, la DGAPR asegura que, como medida de precaución, 3.972 funcionarios que trabajan en 74 establecimientos penitenciarios fueron sometidos a pruebas de detección del Coronavirus antes de volver a sus puestos, en el marco del sistema de rotación adoptado.
Ningún nuevo caso de contaminación se ha registrado tras las pruebas realizadas, salvo casos de contaminación notificados anteriormente y que fueron excluidos del trabajo (3 funcionarios en la prisión local de Loudaya en Marrakech, 2 en la prisión local de Esauira, 2 en la prisión local de Taunat y uno de cada una de las prisiones locales de Benguerir, Ait Melloul 1, Ait Melloul 2 y Ain Borja), afirma la misma fuente.
Además, y como parte de la aplicación de las medidas de precaución, los nuevos reclusos también se someten a pruebas de Covid-19, añadió el documento, señalando que los resultados de 299 reclusos sometidos a prueba fueron negativos.
Asimismo, la DGAPR indicó que la tasa de curación entre los reclusos infectados ascendió a cerca de 88% en la prisión local de Uarzazat (región de Drâa-Tafilalet), es decir, 235 casos de los 268 registrados, y subrayó que la tasa de curación era de alrededor del 92% entre los funcionarios de este estabmecimiento, es decir, 59 casos de los 64 registrados.
En lo que se refiere a la prisión local de Tánger 1 (región de Tánger-Tetuán-Alhucemas), la Delegación General informó de tres nuevos casos de contaminación entre los reclusos que habían estado en contacto con personas infectadas, con lo que el número de reclusos infectados en este establecimiento asciende a 63.
Por otra parte, la DGAPR anuncia que uno de estos detenidos se ha recuperado y que los resultados de los segundos análisis de otros cinco detenidos resultaron negativos, informando de la muerte de un recluso de este mismo establecimiento y que estaba sometido al protocolo de tratamiento en el hospital público.
La DGAPR indica que seguirá proporcionando los datos precisos sobre la situación de la salud en los establecimientos penitenciarias a fin de evitar la publicación por ciertas partes de alegaciones y cifras falsas con el fin de inducir a error la opinión pública.