En una aclaración en respuesta a lo publicado por algunos sitios electrónicos sobre "la suspensión por el director de la prisión local de Tánger de dos funcionarios y la congelación de sus salarios después de que pidieran ser protegidos contra el nuevo coronavirus", la DGAPR precisa que los expedientes de los dos funcionarios en cuestión se someterán al consejo disciplinario, y agrega que la suspensión se produjo por decisión del presidente de la administración y que no se trata de una decisión del director del centro penitenciario.

La decisión se tomó a raíz de las infracciones administrativas cometidas por estos funcionarios, que se refieren al incumplimiento de los estatutos y leyes vigentes en este sector, especialmente las previstas en el estatuto particular de los funcionarios de la DGAPR, el código de deontología y deberes profesionales, explica la Delegación.

Dichos reglamentos exigen a los funcionarios ser disciplinados, respetar la autoridad jerárquica y cumplir las normas del régimen paramilitar, y les prohíbe realizar cualquier acción o comportamiento o difundir todo lo que pueda atentar contra la seguridad de los centros penitenciarios o la dignidad de la función o de la administración, agrega la DGAPR.

Por otra parte, la delegación saludó los esfuerzos realizados por los funcionarios del departamento en el cumplimiento de su deber nacional en esta situación excepcional y particular que atraviesa el Reino, y afirmó que no dudará en tomar las medidas disciplinarias estrictas, de conformidad con la ley, contra cualquier funcionario que falte a sus obligaciones profesionales y que no respete el código de conducta, previsto en las disposiciones jurídicas y reglamentarias vigentes en el sector, concluye la misma fuente.