Esta propuesta seria y creíble es conforme al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones del Consejo de Seguridad, subrayó el lunes el embajador representante permanente de la República de Guinea en la ONU, Paul Goa Zoumanigui, ante la 4ª Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El embajador se congratuló de la fuerte dinámica internacional de que goza el plan de autonomía, antes de recordar que una treintena de Estados miembros de la ONU, entre ellos la República de Guinea, han decidido abrir consulados generales en las ciudades de Laayún y Dajla.

Refiriéndose a la dinámica socioeconómica en curso en las provincias del Sur, el diplomático alabó las inversiones realizadas en esta parte del Reino, que “contribuyen al empoderamiento de la población a nivel político, económico y social, así como en materia de derechos humanos”.

Destacó, además, los esfuerzos del enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura, encaminados a una rápida reanudación del proceso de las mesas redondas con el mismo formato y los mismos participantes, a saber, Marruecos, Argelia, Mauritania y el “polisario”, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular la 2703.

Añadió que su país aprecia la participación por 16º año consecutivo de los representantes del Sáhara marroquí democráticamente elegidos en el seminario regional del Comité de los 24 de la ONU, así como en la sesión anual del C24 y en las mesas redondas de Ginebra.

El representante de la República de Guinea llamó, por otra parte, al respeto del alto el fuego, la cesación de toda obstrucción a la circulación y de las actividades operativas de avituallamiento de la MINURSO.

Al tiempo que deplora las condiciones humanitarias de los campos de Tinduf, el diplomático llamó al respeto de los derechos fundamentales de la población de los campos de Tinduf, en particular de las mujeres y los niños.

Para ello, insistió en la necesidad urgente de llevar a cabo un registro y un censo de las poblaciones de estos campos, de conformidad con el derecho internacional humanitario, el mandato del ACNUR, las recomendaciones del secretario general de la ONU y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad.