Un comunicado sobre el balance 2023 de la DGSN subraya que la Dirección General de la Seguridad Nacional se ha comprometido en el proyecto de formación de los funcionarios de la justicia penal, en colaboración con la Presidencia del Ministerio Público y la Comandancia de la Gendarmería Real, añadiendo que este esfuerzo ha permitido cualificar a los funcionarios de los distintos servicios de la policía judicial a nivel nacional que adoptaron las técnicas modernas de investigación y se familiarizaron con las mejores prácticas en el ámbito de la investigación criminal.

Estos esfuerzos en materia de seguridad y estas asociaciones institucionales han repercutido en los resultados de las operaciones de lucha contra la criminalidad y han contribuido a reforzar la sensación de seguridad, subraya el comunicado.

A lo largo del año, la DGSN ha proseguido la aplicación de la estrategia de lucha contra la criminalidad 2022-2026, centrándose en el refuerzo de las estructuras de lucha contra la criminalidad, el desarrollo de los laboratorios de la policía científica y técnica, la intensificación del uso de mecanismos modernos de investigación penal y el anclaje de la dimensión de los derechos humanos en el trabajo de la policía, en particular en los procedimientos de custodia y vigilancia policial en los lugares de detención, así como la promoción de la coordinación y la cooperación con los servicios de la Dirección General de Vigilancia del Territorio Nacional en asuntos de gran complejidad.

Este enfoque integrado, explica la misma fuente, ha dado resultados significativos, como lo ilustra una notable disminución del 10% en el aspecto general de la criminalidad -el número de casos registrados alcanzó los 738.748 este año, lo que permitió detener y poner a disposición de las distintas fiscalías a 723.874 personas.

Los indicadores de criminalidad violenta también disminuyeron: los homicidios y agresiones con resultado de muerte bajaron un 25%, las agresiones sexuales un 4%, los robos de vehículos un 19%, los robos un 9% y los robos con violencia un 6%, señala comunicado.

Junto a la caída de los indicadores de criminalidad en 2023, la tasa de represión, es decir la tasa de resolución de los crimines cometidos, siguió registrando niveles récord por séptimo año consecutivo, situándose en el 95% del total de casos registrados y en torno al 92% de los crimines violentos, subraya el comunicado.

Estos resultados, añade el documento, se lograron gracias, principalmente, al desarrollo de las herramientas de investigación criminal y al papel central de la policía científica y técnica en las investigaciones llevadas a cabo, además de la denuncia inmediata por las víctimas y los testigos de los delitos cometidos y el tratamiento serio de las denuncias calumniosas y los contenidos publicados en las redes sociales, lo que contribuyó en gran medida a reducir los indicadores de criminalidad relativos a los "delitos en la sombra o delitos no denunciados" y a castigar a sus autores.

En cuanto a los casos de drogas, el año 2023 fue marcado por la intensificación de la cooperación entre los servicios de Seguridad Nacional y Vigilancia del Territorio Nacional en el aspecto relativo a la inteligencia criminal y el control de las fronteras, y a la coordinación sobre el terreno entre los servicios aduaneros en los puestos fronterizos, lo que permitió registrar y tratar 99.513 casos y detener a 130.212 personas, 305 de ellas extranjeras, mientras que las incautaciones de hachís alcanzaron 81,175 toneladas, lo que supone un descenso del 17%. También, se incautaron 1,922 toneladas de cocaína, 6,88 kg de heroína y 1.223.774 pastillas de Éxtasis y otras sustancias psicotrópicas, destaca el comunicado.

También en lo referente a los casos de drogas, señala el comunicado, en 2023 se puso en marcha un plan de acción destinado a luchar contra la producción y el tráfico de la droga química conocida como "L'poufa", con la implicación de los agentes de la Fuerza Especial de la Dirección General de Vigilancia del Territorio Nacional, del equipo de investigaciones e intervenciones de la Brigada Nacional de la Policía Judicial y de todos los servicios descentralizados de la Seguridad Nacional, lo que permitió acabar con el tráfico de estas drogas sintéticas y detener a 575 personas implicadas en este tráfico, además de incautarse de 5,175 kg de esta droga.

Tocante a los delitos relacionados con las tecnologías modernas y la ciberextorsión aumentaron un 6%, con casi 5.969 casos, mientras que el número de contenidos utilizados en este tipo de casos grabados alcanzó los 4.070. El número de órdenes internacionales emitidas se situó en 842, frente a 752 durante el año anterior. En estos casos, 874 personas fueron detenidas y remitidas a la justicia, asegura el comunicado.

En cuanto a los casos de sextorsión, los servicios de seguridad nacional registraron este año 508 casos, un 18% más que el año anterior, mientras que 182 personas, implicadas en estos actos criminales contra 515 víctimas, de las cuales 109 eran extranjeras, fueron arrestadas.

En lo que se refiere a la inmigración clandestina, los esfuerzos realizados permitieron abortar intentos de inmigración irregular de 28.863 personas, entre ellas 18.820 de diversas nacionalidades extranjeras, desmantelar 121 redes delictivas y detener a 594 organizadores e intermediarios.

En este contexto, se incautaron 707 documentos de viaje y de identidad falsificados relacionados con estos casos, así como 215 embarcaciones y 31 vehículos utilizados en la organización de operaciones de inmigración.

En cuanto a los crímenes financieros y económicos, los servicios de la DGSN siguió reforzando y desarrollando las técnicas de investigación criminal en este tipo de delitos, tanto a nivel de la Brigada Nacional de Policía Judicial como de las cuatro Brigadas Regionales de Policía Judicial adscritas a ella en Rabat, Casablanca, Fez y Marrakech, resalta la misma fuente.

Estas brigadas trataron 529 casos relativos a la corrupción, el abuso de confianza, la malversación de fondos públicos y el chantaje, lo que supone un aumento de casi el 14% con respecto al año anterior, mientras que el número de sospechosos investigados en estos casos alcanzó 693 personas, de las cuales 322 en casos de corrupción y abuso de confianza, 259 sospechosos en casos de malversación y despilfarro de fondos públicos y 112 en casos de chantaje y abuso de poder.

En cuanto a los delitos de falsificación de moneda, uso fraudulento de medios de pago y tráfico de devisas, los servicios de Seguridad Nacional trataron 38 casos durante el año relativos al tráfico de devisas, 57.980 casos de infracciones a la legislación sobre los cheques, o sea un descenso de casi 1,5%, 153 casos de fraude y fraude a medios de pago y 151 casos de falsificación de moneda y de devisa.

En este tipo de casos se confiscaron 481 billetes nacionales falsos y 1.489 billetes extranjeros falsos por un importe total de 95.800 dólares estadounidenses, 74.820 euros y 340 libras esterlinas, además del desmantelamiento de 19 redes criminales dedicadas a la falsificación de monedas, medios de pago y tarjetas de crédito, mientras que 181 personas de diferentes nacionalidades fueron remitidas a la justicia y 34 equipos y soportes electrónicos utilizados para la piratería, la falsificación y el pago fraudulento fueron confiscados.

En el aspecto relativo a la lucha contra el terrorismo, el extremismo y la apología de los actos terroristas, la Brigada Nacional de la Policía Judicial remitió este año a la fiscalía competente a 29 personas sospechosas de estar implicadas en este tipo de casos, además de las células terroristas que fueron desmanteladas por la Oficina Central de Investigaciones Criminales que depende de la Dirección Nacional de Vigilancia del Territorio, entre ellas la célula terrorista implicada en el asesinato de un agente de policía en Hay Errahma (Casablanca).

En cuanto al balance de la policía científica y técnica, durante el año 2023, las diferentes antenas del Laboratorio de Policía Científica y Técnica de Casablanca mantuvieron la certificación de calidad ISO 17025 por sexto año consecutivo, lo que repercutió positivamente en la calidad de los peritajes científicos realizados, así como en el aumento del número de represión de los casos criminales y contribuyó a la consolidación de los mecanismos de juicio justo al basarse en pruebas científicas en las investigaciones penales.

Así, destaca el comunicado, los servicios técnicos del Instituto de Ciencia Forense de la Seguridad Nacional realizaron 714 peritajes relativos a documentos falsificados, lo que supone un aumento del 9%, 137 peritajes relativos a billetes extranjeros y nacionales falsos y 264 peritajes balísticos relativos a 149 armas de fuego y 7.889 municiones y proyectiles, lo que supone un aumento del 31% con respecto al año anterior.

El servicio central y los laboratorios regionales de análisis de huellas digitales registraron un total de 6.249 solicitudes de peritaje, que se realizaron sobre 24.266 soportes electrónicos, registrando un aumento del 12% en comparación con el año anterior. El laboratorio nacional de la policía científica y técnica de Casablanca recibió 20.129 solicitudes de peritaje durante el año en curso, entre ellas 16.635 solicitudes de análisis de muestras de ADN, lo que supone un aumento de cerca del 23% en comparación con el año anterior, y 1.391 solicitudes de peritaje en el ámbito de la química forense (+22%), mientras que el Departamento de Drogas y Venenos Forenses llevó a cabo el peritaje científico necesario en 2.061 casos relacionados con drogas y sustancias psicotrópicas, lo que supone un aumento del 14%.

El año en curso se caracterizó por la continuación del proceso de consolidación e intensificación de las operaciones de cooperación internacional en materia de seguridad con diversos socios internacionales, entre ellos organismos gubernamentales y organizaciones responsables de asuntos de seguridad y de aplicación de la ley, cooperación que se centró principalmente en la coordinación operativa y la asistencia técnica con países amigos y socios.

Esta fructífera cooperación se vio coronada por la aprobación unánime de la elección del Reino de Marruecos para acoger, en 2025, la 93ª sesión de la Asamblea General de la Organización General de Policía Criminal "Interpol", que reúne a los jefes y representantes de los servicios de seguridad de 196 Estados miembros, y la organización, los días 6 y 7 de diciembre de 2023, de la 47ª Conferencia de Jefes de Policía y Seguridad Árabes.

Este año también estuvo marcado por la consolidación de la cooperación bilateral y multilateral en el ámbito de la seguridad, en la medida en que la Dirección General de Seguridad Nacional participó en reuniones de alto nivel celebradas en el marco de Interpol y de la Secretaría General del Consejo de Ministros Árabes del Interior y de la Unión Africana.

También se celebraron reuniones bilaterales sobre cuestiones relacionadas con el refuerzo de la seguridad internacional, especialmente con el presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal, el director del FBI estadounidense, el DG de la Policía francesa, la directora general en funciones del Servicio de Seguridad belga, el vicepresidente del Servicio de Seguridad de Arabia Saudí, el secretario general del Sistema de Información de la República Portuguesa (SIRP) y el director general del Servicio de Informaciones de Seguridad (SIS), así como el presidente de la Oficina Federal Alemana para la Protección de la Constitución y el Director General de los Servicios de Protección e Inteligencia del Estado de la República de Austria.

En cuanto a los indicadores numéricos de esta cooperación, la Unidad de Cooperación Internacional de la Dirección General de Seguridad Nacional tramitó 6.473 expedientes y solicitudes de información, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2022. De estos expedientes, el tráfico de drogas supuso el 13%, seguido de la lucha contra la inmigración ilegal (15%), el intercambio y traslado de presos para cumplir el resto de sus condenas en sus países de origen (9%), la explotación mutua de bases de datos (6%) y las solicitudes de información (26%).

En materia de cooperación operativa, la Oficina Central Nacional (Interpol Rabat) supervisó la ejecución de 119 comisiones rogatorias internacionales emitidas por autoridades extranjeras, e hizo públicas 121 órdenes de detención internacionales, que condujeron a la detención de 92 personas objeto de difusiones internacionales sobre personas buscadas emitidas por las autoridades judiciales marroquíes.

La misma oficina publicó 3.280 avisos de búsqueda nacional a raíz de órdenes de detención emitidas por autoridades competentes de países extranjeros. También emitió 245 órdenes de búsqueda emitidas por servicios policiales de países árabes, mientras que en 2006 se emitieron órdenes de cese de búsqueda internacional y 342 órdenes de cese de búsqueda árabe.

En cuanto a la extradición de delincuentes, en 2023 fueron extraditadas 54 personas contra las que las autoridades marroquíes habían emitido órdenes de detención internacionales, frente a 69 personas en 2022, y 48 extranjeros detenidos en Marruecos fueron extraditados a las autoridades judiciales de los países que habían solicitado su extradición.