Este acuerdo, cuya ceremonia de firma estuvo presidida por el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, forma parte del compromiso del Reino de Marruecos de elaborar un plan de acción para el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos de la ONU en materia de derechos humanos, con la participación de las diferentes partes concernidas.

El acuerdo, firmado por el secretario general de la DIDH, Abdelkarim Boujradi, y el representante residente del PNUD en Marruecos, Edward A. Christow, también tiene como objetivo reforzar el proceso de seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la ONU mediante la adopción de una planificación estratégica en el ámbito de los derechos humanos, el desarrollo de un sistema de seguimiento de la aplicación de estas recomendaciones y el refuerzo del sistema de elaboración y examen de los informes nacionales.

Con esta ocasión, Ouahbi afirmó que las crisis a las que se enfrenta el mundo hoy en día "hacen necesario restaurar el lugar de los derechos humanos", subrayando la importancia de sensibilizar y educar a la población sobre las cuestiones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, "para evitar que se conviertan en objeto de conflicto político, y para garantizar que las nuevas generaciones tomen conciencia de la relación entre los derechos humanos y su protección".

Por su parte, Boujradi señaló que el acuerdo es la culminación de un largo proceso de asociación con este programa desde 2014, destacando que se trata de una asociación que se encuentra en su tercera fase.

En una declaración similar, Christow indicó que la firma de este acuerdo es la culminación de muchos años de trabajo y asociaciones iniciadas por el PNUD en materia de derechos humanos, que son extremadamente importantes.

Con esta ocasión, se congratuló de los esfuerzos realizados por Marruecos y de su compromiso con la promoción de una cultura de los derechos humanos, señalando que uno de los objetivos de este acuerdo es reforzar la asociación con los socios nacionales y extranjeros en el ámbito de los derechos humanos.