“El propietario del sitio web difundió una grabación sonora atribuida a uno de los ex reclusos de la prisión local de Ras El Ma, en la que afirma haber sido violado por funcionarios de esta prisión. El caso se cerró por falta de pruebas, tras una investigación administrativa y financiera llevada a cabo en 2019", afirma la administración de la prisión civil de Ras El Ma en una aclaración recibida por la MAP.
La misma fuente señala que "ha resultado que todas estas alegaciones son infundadas y que el motivo de su difusión es simplemente un intento de difamar a los funcionarios de la institución ante la opinión pública", añadiendo que "en un intento de crear el buzz en apoyo de estas alegaciones, el propietario del sitio web afirmó que el autor de la grabación de audio es un preso en un caso de radicalización y terrorismo, a sabiendas de que en realidad se trata únicamente de un preso común, sin relación alguna con esta categoría de presos".
En cuanto a las alegaciones formuladas por el propietario del medio electrónico según las cuales la administración de la prisión local de Ras El Ma había procedido, desobedeciendo la ley, a internar al detenido K.H en una celda disciplinaria, la aclaración precisa que "el detenido en cuestión cumplía su pena en una celda colectiva, habiéndose comprometido a respetar la reglamentación vigente en el establecimiento antes de actuar de otro modo sembrando el desorden e incitando a los reclusos, lo que hizo necesario su internamiento en una celda disciplinaria".
En cuanto a las alegaciones del propietario de la página web, según las cuales los almuerzos que traen las familias no se entregan a los reclusos hasta el día siguiente, la administración de la prisión local de Ras El Ma asegura que "estas alegaciones son infundadas, ya que los almuerzos autorizados con carácter excepcional se entregan a los reclusos inmediatamente, una vez realizada la inspección necesaria".
“Dicho esto, parece que la verdadera intención del propietario de la página web es empañar la imagen de la administración penitenciaria y dañar la reputación de los funcionarios mediante la difusión de mentiras y hechos erróneos'', concluye la misma fuente, agregando que la Delegación General de la Administración Penitenciaria y Reinserción decidió "presentar una denuncia ante las autoridades judiciales competentes, ya que está preocupada por la imagen del sector y por todo lo que pueda dañar el honor de sus funcionarios".